Durante este gobierno se ha impulsado de manera insistente el levantamiento del secreto bancario, apelando al seguimiento del dinero de las bandas criminales que hoy asolan nuestro país. Esto, a pesar de que actualmente un juez, en virtud de una investigación en curso, puede exigir la información de las cuentas de determinadas personas a las entidades bancarias.
El último proyecto presentado por el ejecutivo incluye 45 indicaciones al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica en las que se amplían las facultades y facilita la obtención de información de entidades financieras a través del reporte de operaciones sospechosas -ROS-, pero estas operaciones podrían ser ampliadas en el futuro.
Cabe señalar que, la ley de Cumplimiento Tributario promulgada en octubre de 2024, ya considera como operación sospechosa recibir más de 50 transferencias de diferente origen en un mes o 100 transferencias en 6 meses y por lo tanto, los bancos deben reportar estas cuentas al SII. Con anterioridad, en junio de 2022, se despachó la ley que obliga a las entidades financieras a informar depósitos o saldos superiores a las 1500 UF, por lo que las grandes transacciones de bandas criminales podrían estar cubiertas con estas disposiciones anteriores.
Pero el ministro Marcel ha querido llegar más lejos y ahora emprende una nueva arremetida junto al ministerio de seguridad pública presentando un proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica en el que se amplía la obligación de reporte de “operaciones sospechosas” abriendo el secreto bancario para las personas jurídicas, -ya que estas no poseen derecho a la vida privada- para casos en que ya se accedió a información protegida, aunque se haya sobreseído al sospechoso y para funcionarios públicos a fin de exigir mayor transparencia.
Al mismo tiempo, el ministro Marcel ha ingresado una reforma tributaria para las mipymes, en la que se pretende reducir el impuesto de 1ª categoría a este tipo empresas y a sus socios, buscando un alivio para las empresas que caben en esta categoría, pero buscando abrir sus cuentas bancarias a través de un “régimen tributario transparente” al que las micro, pequeñas y medianas empresas deberán adscribirse para optar a los beneficios tributarios. Es importante señalar que desde la reforma tributaria de 2014 y con la actual crisis económica muchas de estas empresas o han tenido que cerrar o se han visto ahorcadas por un sistema fiscal que no les da tregua.
El costo de esta reforma tributaria se calcula en los 1.000 millones de dólares y la propuesta de financiamiento incluye, por una parte, aumento de impuestos para quienes perciban más de $8.200.000 mensuales y por otra, con aumentos en los impuestos de herencias y donaciones que establecen los decretos de ley 45-1973 y 359-1974. Con esta disposición se vuelve a poner en riesgo la certeza jurídica tributaria, después de haberla dañado de manera muy importante a partir de la reforma tributaria de 2014 y las reformas subsiguientes. Actualmente están exentas de impuestos las donaciones entre familiares directos sin tope y las herencias de monto inferior a 50 UTA (unos 40 millones y medio de pesos). Este tipo de medidas presentadas en el proyecto de ley del ejecutivo menoscaba en el largo plazo la aspiración de invertir de las familias, ya sea en negocios o en bienes inmuebles, como la casa propia o una segunda vivienda para asegurar la vejez, desalentando y entorpeciendo la creación y surgimiento de economías familiares al encarecer el traspaso de este tipo de inversiones entre parientes directos, fomentando el gasto inerte y el consumo inoficioso en detrimento del ahorro e inversión.
Más allá de la necesidad, más que obvia, de perseguir al crimen organizado en nuestro país que se ha tomado las calles y tiene a gran parte de la población viviendo con miedo, es también de suma importancia proteger al ciudadano común de los abusos que puede cometer el Estado, como ocurre hoy con las revalorizaciones antojadizas del SII a los inmuebles para el pago de contribuciones.
El avance del poder del Estado sobre la ciudadanía avanza a paso lento pero firme en Chile y el resto del mundo. En Europa, por ejemplo, el Estado mantiene un férreo control sobre la ciudadanía, sus gastos, sus ingresos y sus actividades. En Alemania se llegó a presentar un proyecto de ley que restringía el uso del automóvil los fines de semana para lograr conseguir las metas climáticas. Pero en términos tributarios, España nos puede mostrar el camino que puede seguir la legislación nacional persiguiendo a los ciudadanos que no cumplan a rajatabla con las disposiciones de las agencias recaudadoras de impuestos.
En España se debe declarar cualquier transferencia o retiro de efectivo de más de 3.000 euros (unos 3 millones y medio de pesos) y a partir de 2026 se deben incluir en la declaración de renta para el pago de impuestos los regalos de matrimonio en dinero, que serán considerados una donación (las donaciones entre familiares directos no están exentas del pago de impuestos en España), los regalos de primera comunión o bautizo o cualquier ingreso que no sea común en sus cuentas bancarias. También se ha dispuesto que las cuentas compartidas entre padres e hijos, bastante usuales mientras los hijos no tienen independencia económica, deben ser informadas a la agencia tributaria, la que podrá disponer, según los montos asociados, si se las considera donaciones encubiertas. Las multas por no cumplir con estas disposiciones pueden llegar al 150% del valor de los depósitos sospechosos o de hasta 150.000 euros (unos 170 millones de pesos) para el uso de efectivo no declarado.
El camino que ha tomado nuestro país desde hace varios años y principalmente con el actual gobierno nos lleva cada vez más a sentir que somos ciudadanos perseguidos, sin derecho a presunción de inocencia. El SII es juez y parte en esta verdadera carrera por la recaudación fiscal, sin siquiera pensar en buscar formas más eficientes de ejecutar el gasto público, lo que aliviaría a los contribuyentes y fomentaría el crecimiento económico y de perseguir al crimen organizado. Por el contrario, el afán es ir abriendo una puerta cada vez más amplia al control estatal del individuo donde cualquier excusa es válida para intensificarlo, arrebatando una parte cada vez mayor del fruto de nuestro trabajo para ser gastado de manera frívola y sin ningún consenso social, tal como cobrador de impuestos de un feudo medieval, so pena de arder en el infierno de los deudores tributarios. Nos debemos un debate serio sobre el camino que debemos tomar, qué país queremos construir y hasta dónde accederemos a ceder nuestros derechos naturales en favor de una agenda mundial que ya en 2016 nos decía “No tendrás nada y serás feliz”
Columna de Opinión de Monserrat Pacull A.
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Columnista de “El Carrascal”
