Un hombre de 38 años, oriundo de la comuna de Quinta Normal, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de femicidio íntimo frustrado en contra de su cónyuge, además de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su hija de 14 años y amenazas simples contra un vecino que intentó auxiliar a la víctima.
El grave hecho ocurrió en el sector Pupetra de la comuna de Dalcahue, en la isla de Chiloé, donde el imputado —identificado con las iniciales P.A.Á.G.— habría intentado dar muerte a su pareja mediante estrangulación, en medio de una discusión por dinero al interior del domicilio que compartían.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el agresor tomó en al menos dos ocasiones del cuello a la mujer de 35 años, intentando asfixiarla. La situación fue tan violenta que su hija mayor, de solo 14 años, debió intervenir para evitar que su madre fuera asesinada. Además, un vecino alertado por los gritos acudió en su ayuda, siendo también amenazado por el imputado.
Las pericias realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI de Chiloé y los informes del Servicio Médico Legal (SML) confirmaron la versión de la víctima, acreditando lesiones en el cuello, equimosis y signos compatibles con asfixia, lo que permitió sustentar la hipótesis de intento de femicidio.
En la audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Castro, la fiscal (s) Pamela Saldivia formalizó al sujeto por:
- Femicidio íntimo frustrado contra su esposa
- Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su hija
- Amenazas simples contra el vecino que intervino
La persecutora explicó que los hechos ocurrieron en presencia de una adolescente y de un adulto mayor de 70 años con discapacidad, lo que podría configurar agravantes relevantes al momento de una eventual condena.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, señalando que el delito principal puede ser castigado con penas de hasta 15 años de cárcel, las que podrían aumentar debido a la presencia de menores y adultos mayores, y al hecho de que el imputado se encontraba cumpliendo una pena alternativa vigente por una condena previa por amenazas contra la misma víctima en 2024.
Por su parte, la defensa intentó rebajar la calificación jurídica de los hechos a lesiones menos graves, solicitando arresto domiciliario. Sin embargo, la magistrada Alejandra Varas rechazó dicha solicitud y decretó la prisión preventiva, fijando un plazo de 90 días para la investigación.
Este caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra la mujer y la necesidad de reforzar los sistemas de protección, especialmente cuando existen antecedentes previos de violencia y medidas judiciales vigentes.
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