Una profunda preocupación recorre a los comités de vivienda de Quinta Normal luego de que la Municipalidad informara, el pasado 22 de enero, la disponibilidad de 440 cupos para integrar dos proyectos habitacionales, condicionando el acceso a un ahorro familiar que fluctúa entre $2,8 y $4 millones de pesos, con plazo máximo al 15 de marzo.
La medida, que afecta directamente a 31 comités de vivienda de la comuna, abre una serie de interrogantes sociales y políticas:
¿qué ocurrirá con las cientos de familias que no tienen capacidad de reunir esa suma en menos de dos meses?, ¿se desarmarán las asambleas?, ¿qué rol cumplirán ahora las dirigencias?, y, sobre todo, ¿es justo que el acceso a una vivienda social dependa del tamaño del bolsillo?
Los cupos ofrecidos por la municipalidad
Según fuentes municipales que solicitaron reserva de identidad, el Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Quinta Normal convocó a los comités para informar que los cupos se distribuirán bajo un sistema de prelación definido exclusivamente por el municipio:
• 25% para familias que postulan de manera individual
• 75% repartidos entre todos los comités, con un máximo de 20 cupos por organización
Los proyectos presentados son los siguientes:
🏘 Proyecto 1: Entre Parques
📍 Carrascal 3334
Entidad Patrocinante: Unión
• 600 viviendas totales
• 308 cupos intermediados por la municipalidad
• 215 cupos para familias bajo 40% del RSH
• 93 cupos sobre 40% del RSH
• Departamentos de 55 m²
• Ahorro exigido: 100 UF (aprox. $4 millones)
🏘 Proyecto 2: Barrio Parque de Quinta Normal
📍 Poeta Pedro Prado 1209 / 1319
Entidad Patrocinante: Crear Asociados
• 804 viviendas totales
• 132 cupos intermediados por la municipalidad
• 92 cupos bajo 40% del RSH
• 40 cupos sobre 40% del RSH
• Departamentos de 54 m²
• Ahorro exigido: entre 70 y 75 UF ($2,8 a $3 millones)
Un proceso cuestionado por las dirigencias
Durante la reunión, a la que asistieron dirigentes de más de 20 comités, el municipio exigió como condición la entrega de los libros de socios, situación que ha generado fuertes cuestionamientos, ya que vulnera la autonomía de las organizaciones y, en varios casos, se realizó sin consulta previa a las asambleas.
Además, se instruyó a las dirigencias a enviar, durante la primera semana de febrero, un listado con un máximo de 20 familias, cada una acompañada de una carta de compromiso donde se obligan a reunir el ahorro exigido antes del 15 de marzo.
¿El inicio del fin de los comités?
La consecuencia más inmediata de este modelo es el debilitamiento o la fragmentación de los comités de vivienda.
Las familias que queden fuera de estos proyectos —la gran mayoría— pasan nuevamente al final de una lista de espera indefinida, mientras las organizaciones pierden fuerza, cohesión y capacidad de movilización.
Dirigentes sociales advierten que este mecanismo obliga a las directivas a elegir quién entra y quién queda fuera, generando conflictos internos y rompiendo el principio colectivo con el que históricamente se ha luchado por la vivienda.
El trasfondo: especulación del suelo y políticas que cuidan el negocio
El aumento constante del ahorro exigido en proyectos DS49, destinados a los sectores más vulnerables, tiene una causa estructural: la inflación del precio del suelo urbano.
En lugar de enfrentar la especulación, la política habitacional ha optado por traspasar ese costo a las familias y al Estado, aumentando el subsidio público y el ahorro privado para sostener un mercado cada vez más caro.
Solo entre 2024 y 2025, en Quinta Normal se aprobaron 1.127 viviendas DS49, las que exigieron en promedio un ahorro adicional de $2,8 millones por familia, una barrera imposible para miles de hogares.
La prelación municipal y la pérdida del protagonismo popular
Tras el estallido social de 2019 y con mayor fuerza desde la implementación del Plan de Emergencia Habitacional (2022), el MINVU fortaleció el rol de los municipios mediante los llamados convenios de prelación, donde las municipalidades pasan a definir la lista de espera comunal, desplazando a los comités y movimientos sociales.
En la práctica, esto convierte al municipio en una barrera de contención frente a la organización popular, administrando cupos escasos bajo criterios propios y negociados directamente con las entidades patrocinantes.
Una contradicción política imposible de ignorar
Resulta inevitable cuestionar esta política cuando la alcaldesa de Quinta Normal pertenece al Partido Socialista, es cercana al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Vivienda Carlos Montes, ambos representantes de un gobierno que ha levantado el discurso del derecho a la vivienda como eje central.
Exigir $4 millones de ahorro en un mes para acceder a una vivienda social no solo excluye a la mayoría, sino que evidencia una política que prioriza acuerdos a puertas cerradas con empresas, presiona a los comités a desarmarse y transforma un derecho social en un privilegio para quienes pueden pagar.
La pregunta de fondo sigue abierta:
¿A quién están sirviendo realmente estas decisiones?
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