Una fuerte controversia se generó en el Concejo Municipal de Quinta Normal tras la presentación de una propuesta para contratar vía trato directo a un estudio jurídico externo por un monto de 1.080 UF, equivalentes a más de 42 millones de pesos, con el objetivo de continuar el patrocinio de diversas causas judiciales de alta complejidad que mantiene el municipio.
La iniciativa fue defendida por la Dirección Jurídica y por representantes del propio estudio, quienes argumentaron que se trata de un proveedor “indispensable” debido al conocimiento profundo que poseen sobre procesos judiciales que ya se encuentran en etapa avanzada.
Entre los principales fundamentos expuestos, se señaló que el estudio mantiene actualmente el patrocinio de causas estratégicas para el municipio, entre ellas una causa de dominio que supera los 1.200 documentos, no páginas, lo que —según se indicó— hace extremadamente complejo que otro equipo jurídico pueda asumirla sin provocar retrasos o perjuicios procesales.
Desde la administración municipal se explicó que la contratación se amparaba en el artículo 8 bis letra g de la Ley de Compras Públicas, que permite el trato directo cuando, por la magnitud o importancia del servicio, sea indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad derivadas de su experiencia comprobada.
“No se trata de que no existan otros abogados en el mercado, sino de que actualmente no hay otro proveedor que tenga el conocimiento práctico y vigente de estos juicios en tramitación”, se expuso ante el Concejo.
Amplia defensa del estudio jurídico
Durante la sesión, los abogados del estudio realizaron una extensa presentación sobre su trayectoria y experiencia. Entre ellos, William y Claudia Sarmiento Ramírez, quienes detallaron su historial en el sector público y privado, incluyendo asesorías a municipios como Constitución, Melipilla, Maipú y Quinta Normal, además de organismos como Codelco, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Minería, el Gobierno Regional Metropolitano y la Dirección de Presupuestos, entre otros.
Claudia Sarmiento, además, es conocida públicamente por su participación en debates constitucionales y su rol en instancias vinculadas a políticas de género, lo que fue también mencionado durante la sesión como parte de su trayectoria profesional.
Los abogados afirmaron que durante los últimos tres años han acompañado permanentemente al municipio de Quinta Normal, participando en juicios, elaboración de minutas, apoyo en presentaciones ante Contraloría y asesorías continuas a la Dirección Jurídica Municipal.
Dudas desde el Concejo Municipal
Pese a los argumentos expuestos, varios concejales manifestaron inquietudes respecto al uso del trato directo, recalcando que esta modalidad es excepcional y que debe cumplir con estrictos estándares de transparencia.
Uno de los puntos más discutidos fue si efectivamente se había cumplido el procedimiento de verificación en Mercado Público que permita acreditar que el servicio es verdaderamente exclusivo y que no existen otros proveedores con capacidades equivalentes.
“Para aprobar un trato directo no basta con la experiencia; se debe acreditar formalmente que es un servicio exclusivo y eso debe constar en el sistema”, planteó uno de los concejales.
También se hizo hincapié en que, aunque la empresa tenga conocimiento de las causas, eso por sí solo no puede reemplazar los principios de libre competencia y transparencia que rigen la contratación pública.
La contratación no fue aprobada
Finalmente, pese a la extensa defensa técnica, jurídica y profesional realizada tanto por la Dirección Jurídica como por el estudio externo, el Concejo Municipal no aprobó la contratación directa, dejando en suspenso la continuidad del servicio bajo esa modalidad.
La decisión obliga ahora al municipio a evaluar nuevas alternativas, como un proceso de licitación u otra forma de contratación, para asegurar la continuidad de la defensa jurídica en causas de alta complejidad sin vulnerar los principios que rigen el gasto público.
Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la forma en que los municipios gestionan sus asesorías externas y el delicado equilibrio entre eficiencia, continuidad jurídica y transparencia ante la ciudadanía de Quinta Normal.
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