Durante la administración del ex Alcalde Manuel Fernández Araya se realizó una licitación “privada” para instalar paletas publicitarias en el borde del Río Mapocho, inducida para un oferente privilegiado quien después de ganársela incumplió el contrato de varias formas, la más importante no mantener vigente la boleta de garantía, ni pagar oportunamente los Derechos Municipales.
Finalmente ellos demandaron al municipio de Quinta Normal y se tuvo que llegar a un acuerdo para salvar parte del patrimonio público. Con la construcción del actual Parque de la Familia el municipio tuvo que entregar parte del territorio nuestro para su construcción. Debido a ello la Dirección de Vialidad procedió a retirar las estructuras publicitarias y por ello la Empresa “Ideas y Proyectos S.A” dueñas de las estructuras demandó a la Dirección de Vialidad y a la Municipalidad de Quinta Normal por incumplimiento de contrato; la Dirección de Vialidad en la causa alegó caso fortuito y fuerza mayor por lo cual el tribunal lo absolvió de toda responsabilidad, cuestión que no hizo la Ex alcaldesa Carmen Fernández; cabe hacer presente que la alcaldesa señalada en tres ocasiones fue citada por el tribunal no concurriendo a ninguna de ella, por lo cual se perdió la demanda quedando ello consignado en el respectivo fallo.
Según señaló Pablo García, Ex concejal de Quinta Normal: “Toda esta situación lo denuncié oportunamente en reiteradas ocasiones en un sinnúmero de concejos municipales sin ser tomado en cuenta eludiendo la responsabilidad fiscalizadora que tiene el Concejo” (Concejo del período donde era concejal la actual Edil). Por otra parte afirmó: “Todo esto además lo puse en conocimiento de la Contraloría General de la República; Consejo de Defensa del Estado sin resultado alguno. Hace un par de meses informé a la actual alcaldesa Karina Delfino Mussa y a TODOS los concejales documentadamente del estado de la Causa iniciada en el 28 Juzgado Civil, sin que a la fecha hayan acusado recibo de estos documentos ni tampoco tratado el caso formalmente en un Concejo Municipal”.
García también agregó; “Con esto se consuma un alevoso atentado al patrimonio público sin que a mí juicio se haya realizado una decida defensa de él; ahora sólo queda pagar, obligado con el embargo judicial de los ingresos percibidos por el municipio de Quinta Normal.
El monto a pagar por parte del Municipio de Quinta Normal asendería a los 600 millones de pesos.
