La muerte de Dageline Verce Saint Albord, ocurrida el viernes 18 de julio de 2025 en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, no solo estremeció a la opinión pública por la tragedia que significa la pérdida de una niña de apenas dos años. Su caso abrió, además, una herida profunda en el debate nacional sobre responsabilidad estatal, racismo institucional y derechos humanos.
Dageline, de nacionalidad chilena, afrodescendiente , falleció por una asfixia por cuerpo extraño, luego de presuntamente haber ingerido un globo de color azul mientras se encontraba en el jardín infantil “Pequeños Sueños”, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Desde entonces, la Fiscalía de O’Higgins mantiene una investigación en curso bajo la figura de cuasidelito de homicidio, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades del personal del establecimiento.
El caso generó una fuerte conmoción pública no solo por las dudas respecto de los protocolos de cuidado y reacción en el jardín infantil, sino también por los hechos posteriores, entre ellos el intento de desalojo del campamento donde residía la familia de la menor mientras se realizaba su velorio, situación que fue ampliamente denunciada por organizaciones sociales y de derechos humanos.
El informe de autopsia del Servicio Médico Legal reconoce que no fue posible evaluar livideces, palidez ni cianosis debido al color de piel de la niña.
“Los cuerpos afrodescendientes nunca fueron pensados dentro del sistema”
A raíz de este hecho, El Carrascal conversó con Michel-Ange Joseph, presidenta de la Fundación CIJYS Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, organización latinoamericana liderada por mujeres afrodescendientes, que trabaja en investigación, formación y acción en derechos humanos, políticas migratorias, feminismo negro y antirracismo, acompañando sociojurídicamente a personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica.
Para Joseph, uno de los aspectos más graves del caso es la naturalización de una falencia estructural del Estado.
“Lo que a mí me impacta profundamente es que esto no se diga como una alarma, sino casi como una justificación. Que una institución del Estado reconozca que no pudo leer un cuerpo por el color de la piel revela algo muy doloroso: los cuerpos afrodescendientes nunca fueron pensados dentro del sistema”, afirma.
En su análisis, el problema no es la inexistencia de población afrodescendiente en Chile, sino su invisibilización histórica.
“No es que Chile no tenga personas negras, es que históricamente decidió no verlas. Y cuando una institución no se prepara para esa diversidad, lo que ocurre es exactamente esto: una niña muere y el propio Estado admite que no supo cómo mirar su cuerpo”.
El derecho a la verdad y el dolor que se prolonga
Las consecuencias de esta falta de preparación, explica Joseph, van más allá de lo técnico.
“Cuando no se pueden observar signos básicos, se pierde información clave para entender qué pasó realmente. Eso deja vacíos, dudas, silencios”, señala.
Para la familia de Dageline, esta situación se traduce en una experiencia marcada por la incertidumbre.
“El derecho a la verdad no es un concepto abstracto: es poder mirar a los ojos a una madre, a una familia, y decirles con certeza qué ocurrió. Cuando eso no pasa, el dolor se prolonga y la injusticia se profundiza”.
Desde su perspectiva, el problema no radica en la imposibilidad, sino en la falta de voluntad institucional para buscar alternativas.
“Existen métodos, existen recomendaciones internacionales, existen experiencias en otros países. No haberlas aplicado transmite un mensaje muy duro: que no se hizo todo lo posible. Y cuando hablamos de la muerte de una niña, eso es inaceptable”.
¿Discriminación institucional?
Consultada sobre si esta situación constituye una forma de discriminación institucional indirecta, Joseph es categórica:
“Sí, lo es. Y decirlo no es exagerado, es necesario. Cuando el Estado ofrece un estándar que funciona para unos cuerpos y no para otros, está diciendo que no todas las vidas valen lo mismo”.
Agrega que la discriminación no siempre se expresa de manera explícita.
“No hace falta que alguien diga ‘discriminamos’ para que la discriminación exista. Basta con que el sistema no esté preparado para todos”.
Un nombre que debe marcar un antes y un después
Finalmente, desde la Fundación CIJYS sostienen que el caso de Dageline debe convertirse en un punto de inflexión.
“Lo mínimo que esperamos es que este caso marque un antes y un después: revisión de protocolos, capacitación del personal, incorporación de técnicas adecuadas, escucha real a las comunidades afrodescendientes, con fechas, compromisos claros y rendición de cuentas”.
“Dageline Verce Saint Albord no puede convertirse en una estadística más. Su nombre debe empujar cambios reales, para que nunca más una familia escuche que no se pudo saber la verdad porque el cuerpo era negro”, concluye.
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Quintanormalino, Co-fundador de “El Carrascal”.
