Un reciente informe del centro de estudios Horizontal reveló un significativo aumento en el número de funcionarios públicos durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, alcanzando una cifra récord de 1.073.577 empleados a septiembre de 2024. De ese total, cerca de la mitad del crecimiento corresponde a las dotaciones municipales, lo que ha despertado preocupación sobre el uso eficiente de los recursos públicos.
Según el análisis, basado en información oficial obtenida desde la Dirección de Presupuestos (DIPRES), entre marzo de 2022 y septiembre de 2024 el empleo público creció en aproximadamente un 11%, con 108.122 nuevos funcionarios.
Durante el año 2024, el gobierno central sumó 23.208 puestos, llegando a una dotación total de 481.535 trabajadores. Sin embargo, el mayor salto se produjo en los gobiernos locales: los municipios aportaron 53.003 nuevos funcionarios, lo que equivale al 49,02% del total del aumento en el período analizado.
A este incremento le siguieron el sector salud, con 16.562 nuevos trabajadores, y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). No obstante, Horizontal aclaró que muchos de los funcionarios de los SLEP provienen de las antiguas dotaciones municipales, por lo que en términos netos no implican necesariamente una expansión del aparato estatal en esa área.
La situación vuelve a poner sobre la mesa un viejo problema del Estado chileno: la falta de un registro único y actualizado de personal público a nivel nacional. Esta ausencia de trazabilidad impide una fiscalización adecuada y complica la gestión eficiente del recurso humano estatal.
“El crecimiento del empleo público, en especial a nivel municipal, debiera ir acompañado de una mayor transparencia y control. La falta de un sistema integrado de dotación pública limita la posibilidad de evaluar correctamente el impacto real de estas contrataciones y planificar de forma responsable el gasto fiscal”, concluyó el estudio.
Este escenario plantea interrogantes importantes para comunas como Quinta Normal, donde los desafíos en áreas como seguridad, salud, educación y servicios comunitarios requieren respuestas eficaces, pero también sostenibles.
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