Quinta Normal figura entre las comunas con mayor urgencia en temas de seguridad que no han entregado su Plan Comunal de Seguridad Pública ni han demostrado haber realizado las reuniones obligatorias del Consejo Comunal de Seguridad Pública, según reveló un informe de la Contraloría General de la República.
Estas reuniones deben realizarse una vez al mes y contar con la participación del alcalde, concejales, carabineros, PDI y otros actores relevantes.
¿Qué no ha hecho Quinta Normal?
De acuerdo con la Contraloría y lo confirmado por Esteban Díaz, director del Observatorio Territorial de Seguridad de AMUCH, Quinta Normal:
- No ha enviado su plan de seguridad actualizado a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
- No ha reportado actas de reuniones del Consejo de Seguridad durante más de un año.
- No hay constancia de que las reuniones se estén realizando, lo que deja a la comuna sin respaldo documental ni planificación oficial en materia de seguridad.
“Hay municipios que están catalogados como urgentes, con prioridad para recibir recursos en seguridad, pero ni siquiera tienen sus planes al día ni sesionan como exige la ley”, explicó Esteban Díaz, director del Observatorio Territorial de Seguridad de AMUCH.
¿Y qué significa esto para los vecinos?
Significa que la comuna no puede demostrar qué está haciendo para enfrentar la delincuencia. Tampoco puede acceder con transparencia a recursos públicos destinados a seguridad, lo cual afecta directamente a la comunidad.
Esteban Díaz agregó que, en muchos casos, las reuniones sí se hacen pero no se suben las actas, o simplemente no se hacen. Esto implica que no hay forma de evaluar ni fiscalizar lo que se está haciendo o dejando de hacer en materia de seguridad local.
Quinta Normal y otras 18 comunas están en la misma situación crítica:
- Antofagasta
- Conchalí
- El Bosque
- La Granja
- Lo Prado
- Renca
- Independencia
- La Florida
- La Pintana
- Talagante
- Alto Biobío
- Ercilla
- General Lagos
- Lonquimay
- Puerto Montt
- Nueva Imperial
- Mulchén
- Pucón
La Contraloría ordenó sumarios administrativos para determinar responsabilidades dentro de los nombrados municipios.
Además, se enviaron los antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que se tomen medidas urgentes.
