La Fundación Comprometidos, que operó en la comuna con iniciativas como una clínica veterinaria y un canal de televisión, está hoy en el centro de una investigación del Ministerio Público por fraude al fisco, cohecho agravado, lavado de activos y administración desleal. Su presidente, Sebastián Duarte —quien se hacía llamar el “Duarte Bueno”— fue formalizado en abril y se encuentra en prisión preventiva.
La fundación, que en Quinta Normal contó con una activa presencia durante los últimos años, realizaba inauguraciones de sus proyectos locales con amplia cobertura y la participación de dirigentes políticos de la comuna, generando vínculos que hoy están bajo el escrutinio público.
La Fiscalía de Atacama reveló que Comprometidos recibió más de $518 millones en convenios con organismos como el Serviu y los Gobiernos Regionales de Arica y Antofagasta. En el norte, la fundación simuló ejecutar proyectos como suministro de agua potable para campamentos y control canino, mientras desviaba los fondos a cuentas personales de sus integrantes.
Uno de los vínculos clave fue con Juan Carlos Torres, funcionario del Gobierno Regional de Atacama, quien habría asegurado la entrega de recursos a cambio de que se contratara a su pareja como coordinadora del proyecto. Al momento de firmar los convenios, la fundación tenía apenas $20.000 en capital social y no había iniciado actividades formales ante el SII.
El mecanismo, según la fiscalía, consistía en aparentar gastos a través de boletas y facturas falsas, para luego extraer y redistribuir el dinero entre los involucrados. Duarte habría girado hasta $163 millones en efectivo, con compras como una camioneta Ford F150 incluida.
En Quinta Normal, su figura era conocida por su protagonismo mediático y por presentarse como un gestor social y comunicacional. Sin embargo, su historial político incluye candidaturas por el extinto Partido Progresista (PRO), tanto a diputado en 2021 como a concejal en 2016 y 2021.
La investigación sigue en curso y ya ha implicado a una red de exfuncionarios públicos y cercanos a Duarte. En paralelo, otra fundación, Conecta Tea, también enfrenta querellas por apropiación indebida tras recibir $357 millones del Gobierno Regional de Arica y cobrar a familias por atenciones que debían ser gratuitas.
La historia de la Fundación Comprometidos deja al descubierto un patrón de uso político de recursos públicos bajo la apariencia de proyectos comunitarios. En Quinta Normal, las preguntas sobre quiénes colaboraron, participaron o avalaron públicamente estas iniciativas comienzan a hacerse cada vez más fuertes.
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