Una nueva controversia se instala en la comuna de Quinta Normal, luego de conocerse que la actual concejala Antonieta Flores Miranda (PS) fue contratada por la municipalidad de Lo Prado para desempeñarse en funciones ligadas al área de salud.
Según antecedentes disponibles en el portal de transparencia, desde enero de 2026, la concejala quien posee formación como magíster en enseñanza del inglés figura contratada en la Municipalidad de Lo Prado en labores de gestión territorial del programa de salud (administración central), recibiendo pagos que alcanzarían los $1.500.000 mensuales, correspondientes a los meses de enero y febrero.
Dudas sobre el proceso de contratación
El caso ha generado cuestionamientos respecto a los criterios utilizados en su contratación, considerando que su formación profesional no estaría directamente vinculada al área de salud.
Además, surgen interrogantes sobre si el proceso de selección respondió a mecanismos transparentes y competitivos, como los que enfrentaría cualquier ciudadano, o si podría tratarse de prácticas como nepotismo o eventual tráfico de influencias en la administración pública.
Antecedentes previos en otros municipios
No es la primera vez que la concejala registra vínculos laborales con otras comunas. Entre los años 2022 y 2023, Antonieta Flores Miranda apareció contratada en la Municipalidad de Renca, desarrollando funciones en el área de niñez y adolescencia, con pagos mensuales que fluctuaban entre $789.750 y $1.008.000 entre abril de 2022 y junio de 2023.
Sin respuesta ante consultas
Desde El Carrascal se intentó contactar a la concejala para conocer su versión respecto a:
- El proceso de selección que derivó en su contratación en Lo Prado
- Sus competencias profesionales para desempeñarse en el área de salud
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Un tema que abre debate
Este tipo de situaciones vuelve a poner en discusión los mecanismos de contratación en municipios, especialmente cuando involucran a autoridades en ejercicio, y reabre el debate sobre la necesidad de mayor transparencia, idoneidad profesional y control en el uso de recursos públicos.
Por ahora, el caso queda abierto a la espera de explicaciones oficiales que permitan despejar las dudas planteadas por la ciudadanía.
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