La normativa, publicada en el Diario Oficial, establece nuevas garantías contra la discriminación por edad, promueve la atención preferente y refuerza la protección de las personas mayores, un grupo que representa una parte importante de la población de Quinta Normal.
Este lunes 1 de junio entró en vigencia la Ley N° 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, una normativa que busca fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y responder al acelerado envejecimiento de la población chilena.
La publicación de la ley en el Diario Oficial marca el cierre de un extenso proceso legislativo iniciado en 2020 y dota al país de un marco legal alineado con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La nueva legislación adquiere especial relevancia en comunas como Quinta Normal, donde cientos de vecinas y vecinos participan activamente en clubes de adulto mayor, organizaciones comunitarias y programas municipales destinados a promover un envejecimiento activo y saludable.
Según datos del último Censo, cerca del 19,8% de la población chilena tiene 60 años o más, mientras que las proyecciones indican que para 2050 este grupo representará más del 32% de los habitantes del país.
Nuevos derechos y garantías
Entre los principales avances que incorpora la ley destaca la prohibición explícita de la discriminación por edad, estableciendo que cualquier acto discriminatorio en ámbitos como la salud, el trabajo, la educación o los servicios financieros podrá ser denunciado y sancionado.
Asimismo, la normativa reconoce la autonomía de las personas mayores, impidiendo que organismos públicos o privados exijan certificados de lucidez o evaluaciones de salud mental únicamente por razón de edad para realizar trámites, firmar contratos o celebrar actos jurídicos.
Otro de los aspectos relevantes es la obligación de garantizar atención preferente tanto presencial como digital en instituciones públicas y empresas privadas, promoviendo además el uso de lenguaje claro y accesible para facilitar la comprensión de trámites y servicios.
La ley también incorpora medidas para enfrentar el abuso patrimonial y económico, reconociéndolo como una forma de violencia contra las personas mayores y estableciendo sanciones más severas cuando sea cometido por empresas o proveedores de servicios.
Derecho a la inclusión digital
Uno de los puntos innovadores de la nueva normativa es el reconocimiento del derecho a la conectividad y al acceso a herramientas digitales adaptadas a las necesidades de las personas mayores.
Para ello, el Estado deberá promover programas de alfabetización digital que permitan reducir las brechas tecnológicas y facilitar el acceso a servicios, beneficios y plataformas en línea.
Protección frente al abandono social
La ley incorpora además una definición formal de abandono social, entendiendo como tal aquellas situaciones en que una persona mayor con dependencia se encuentra sin redes de apoyo suficientes, poniendo en riesgo su integridad física o psicológica.
En estos casos, se establecen mecanismos de atención preferente en los tribunales de familia para abordar oportunamente las situaciones de vulneración de derechos.
Diversas organizaciones vinculadas al trabajo con personas mayores valoraron la entrada en vigencia de esta normativa, destacando que representa un avance significativo hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa y preparada para enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población.
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Quintanormalino, Co-fundador de “El Carrascal”.
