En conversación con El Carrascal, la presidenta de la Fundación CIJYS analizó la crisis generada por la incertidumbre sobre el paradero de cientos de niños haitianos que ingresaron al país bajo procesos de reunificación familiar. La experta llamó a fortalecer los mecanismos de protección de la niñez migrante y a evitar la estigmatización de la comunidad haitiana.
La incertidumbre sobre el paradero de más de 200 niños haitianos que ingresaron a Chile en el marco de procesos de reunificación familiar ha generado preocupación a nivel nacional. Mientras las autoridades investigan eventuales irregularidades y posibles delitos asociados al ingreso de menores, El Carrascal conversó en exclusiva con Michel-Ange Joseph, presidenta de la Fundación CIJYS (Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales), organización latinoamericana especializada en derechos humanos, migración y protección de grupos vulnerables.
Joseph calificó la situación como “extremadamente preocupante” y sostuvo que cuando el Estado autoriza el ingreso de niños y niñas bajo mecanismos de reunificación familiar, adquiere una responsabilidad especial respecto de su protección.
“Si existen dudas sobre su ubicación o situación actual, corresponde activar todos los mecanismos institucionales necesarios para verificar que sus derechos estén siendo resguardados”, afirmó.
No obstante, la especialista precisó que la incertidumbre respecto del paradero de los menores no implica automáticamente la existencia de delitos o vulneraciones de derechos, situación que deberá ser determinada por las investigaciones en curso.
Fallas institucionales bajo la lupa
Consultada por El Carrascal sobre las señales de alerta que debieron activarse frente a posibles irregularidades, Joseph señaló que cualquier inconsistencia documental o dificultad para acreditar vínculos familiares requería una respuesta temprana de las instituciones competentes.
“Si existían antecedentes sobre problemas de trazabilidad o dificultades para verificar vínculos familiares, esas señales debieron dar lugar a una revisión oportuna de los procedimientos”, indicó.
A su juicio, este caso revela importantes desafíos en materia de coordinación interinstitucional, seguimiento de niños y niñas migrantes y gestión de información entre organismos públicos.
La prioridad: encontrar a los niños
Respecto de las medidas urgentes que deben adoptarse, la presidenta de CIJYS sostuvo que lo primero es determinar la situación actual de cada uno de los menores involucrados.
“Lo prioritario es establecer la situación actual de cada niño y niña involucrado, garantizando su protección integral”, enfatizó.
Asimismo, llamó a fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre las instituciones responsables y revisar los procedimientos aplicados para detectar eventuales fallas.
Evitar la xenofobia y la estigmatización
La especialista también expresó preocupación por el impacto que este caso puede tener sobre la comunidad haitiana residente en Chile.
“Es importante diferenciar entre eventuales responsabilidades individuales y la realidad de miles de familias que actuaron de buena fe”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a mantener el foco en la protección de la infancia.
“La prioridad debe ser esclarecer los hechos, proteger los derechos de los niños y fortalecer las instituciones encargadas de su cuidado. Al mismo tiempo, debemos evitar conclusiones apresuradas que puedan reforzar prejuicios raciales, xenófobos o discriminatorios hacia la comunidad haitiana”, concluyó.
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Quintanormalino, Co-fundador de “El Carrascal”.
