Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides
Abogado – Profesor de Derecho – Comunicador Social
Ayer tuve la oportunidad de participar en la inauguración del inicio de actividades académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, instancia en la cual el Subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende Salazar, expuso sobre materias vinculadas al futuro, la empleabilidad y la modernización del mundo laboral.
Más allá de las distintas visiones políticas o ideológicas que puedan existir, este tipo de espacios académicos permiten abrir debates profundamente necesarios en tiempos donde el avance tecnológico está transformando aceleradamente nuestra forma de trabajar, estudiar e incluso relacionarnos con la justicia.
Hoy el mundo laboral ya no es el mismo de hace diez años. La inteligencia artificial, la automatización, las plataformas digitales y el teletrabajo han cambiado radicalmente las dinámicas tradicionales del empleo. Profesiones que antes parecían inamovibles hoy deben adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas y humanas.
El Derecho no está ajeno a esta realidad.
Actualmente vemos cómo herramientas tecnológicas permiten redactar documentos, analizar jurisprudencia e incluso automatizar procesos administrativos y judiciales. Sin embargo, esto también genera una interrogante legítima: ¿estamos preparando realmente a los futuros profesionales para enfrentar esta nueva realidad?
La respuesta, a mi juicio, todavía es parcial.
Las universidades deben avanzar no solo en la enseñanza técnica del Derecho, sino también en habilidades prácticas, tecnológicas y humanas. Un abogado del futuro no puede limitarse únicamente a memorizar artículos o repetir conceptos doctrinarios. Debe saber comunicar, mediar, liderar, utilizar tecnologías y comprender las nuevas problemáticas sociales derivadas del cambio digital.
Asimismo, el propio sistema judicial chileno debe modernizarse de manera coherente y equitativa.
La pandemia dejó demostrado que muchas actuaciones judiciales pueden desarrollarse eficientemente mediante plataformas telemáticas, reduciendo tiempos, costos y barreras territoriales. Sin embargo, en la práctica todavía existen enormes contradicciones dentro del sistema.
En materia laboral, el artículo 427 bis del Código del Trabajo establece que la comparecencia remota por videoconferencia queda entregada a una facultad del tribunal. De igual forma, en materia de familia, el artículo 60 bis de la Ley N°19.968 mantiene también un criterio facultativo respecto de la autorización de comparecencia telemática.
¿En qué se traduce esto en la práctica? En algo extremadamente desigual.
Existen tribunales que comprenden la realidad territorial y económica de abogados y usuarios, permitiendo audiencias remotas sin mayores inconvenientes. Pero también existen otros tribunales que simplemente rechazan estas solicitudes, obligando a personas a trasladarse cientos de kilómetros para comparecer presencialmente, aun cuando la propia audiencia muchas veces es dirigida telemáticamente por el magistrado.
Resulta difícil explicarles a los ciudadanos que deben invertir tiempo, dinero y recursos para asistir físicamente a una audiencia mientras parte del propio tribunal se encuentra conectado vía Zoom.
A ello se suma otra situación igualmente absurda: todavía existen ocasiones donde se exige concurrir presencialmente con carpetas físicas y documentos impresos, “matando arbolitos”, pese a que hoy prácticamente la totalidad de las causas se encuentra digitalizada en la Oficina Judicial Virtual y disponible electrónicamente para todos los intervinientes.
La modernización no puede seguir siendo parcial, discrecional ni dependiente del criterio individual de cada tribunal. Debe existir una política pública y legislativa coherente con los tiempos actuales.
Aquí también surge una reflexión importante para nuestros legisladores.
Muchas veces las leyes se discuten desde escritorios alejados de la realidad cotidiana de quienes litigan, trabajan o utilizan el sistema judicial. Diputados y senadores deberían acercarse más al trabajo en terreno, conversar con abogados, funcionarios, usuarios y magistrados, observar cómo funcionan realmente las audiencias y comprender las dificultades prácticas que viven diariamente miles de personas.
Solo así podrán impulsarse reformas útiles, modernas y verdaderamente conectadas con las necesidades reales de la ciudadanía.
Chile necesita avanzar hacia un sistema más eficiente, más humano y más conectado con la realidad actual de sus ciudadanos.
Pero junto con la tecnología, también debemos recordar algo esencial: ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar completamente la empatía, el criterio humano, la ética profesional ni el sentido de justicia que deben inspirar el ejercicio del Derecho.
Las nuevas generaciones necesitarán mucho más que conocimientos técnicos. Necesitarán adaptabilidad, pensamiento crítico y vocación de servicio.
El futuro ya llegó. La pregunta es si estamos preparados para enfrentarlo.
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